Huasteco Sánchez Zumaya investigado por facturero y lavador de dinero

El empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya, conocido por obtener contratos millonarios con Pemex durante el sexenio pasado, enfrenta investigaciones por una intrincada red de empresas fantasma y lavado de dinero que involucra montos superiores a los 20,000 millones de pesos

Contratos sospechosos y una red de factureras

Sánchez Zumaya, egresado de Comercio Internacional en la Universidad del Valle de México campus Monterrey, alcanzó notoriedad empresarial con contratos para suministrar productos químicos, mantenimiento de ductos y servicios logísticos a Pemex. Sin embargo, según las denuncias, estos servicios y productos fueron adquiridos mediante una red de factureras que carecen de actividad comercial legítima.

Las investigaciones apuntan a que las empresas relacionadas con Sánchez Zumaya, como Comercial Zumaya del Sureste y Agrícola Sun Berries, triangulan facturas entre sí para simular operaciones comerciales. Además, utilizan a personas físicas jóvenes y sin experiencia profesional para emitir CFDIs (Comprobantes Fiscales Digitales) por montos multimillonarios sin respaldo de actividades o gastos reales.

Arma red juvenil para lavar dinero

Entre las personas físicas involucradas figuran José Manuel Ramón Hernández y Rafael Castillo Florencia, de 23 y 25 años respectivamente, quienes facturaron montos exorbitantes sin justificar el origen de los productos o servicios prestados. Por ejemplo, Castillo Florencia emitió facturas por 1,224.6 millones de pesos en un año, pero únicamente reportó gastos de 46,718 pesos, lo que evidenció la incongruencia de sus operaciones.

Las empresas vinculadas al empresario abarcan actividades como venta de químicos, arrendamiento de laboratorios, renta de grúas y monitoreo logístico. Entre las destacadas se encuentran Grupo Maradol Latino, Empacadora Sun Berries y Holodey, en algunas de las cuales su padre, Hilario Sánchez Lara, también figura como socio.

El esquema, calificado por expertos como un "huachicoleo de servicios", fue diseñado para encubrir el origen ilícito de los recursos obtenidos. Las autoridades investigan no solo el fraude fiscal, sino también el impacto de estos actos en las finanzas de Pemex y el erario público.