Críticas de la ONU a la ampliación de la prisión preventiva oficiosa en México

Reforma en el Congreso mexicano

La reforma aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados amplía la lista de delitos que pueden derivar automáticamente en prisión preventiva, incluyendo extorsión y contrabando. Según sus defensores, esta medida busca combatir de manera más efectiva la delincuencia, pero ha generado un amplio debate sobre su impacto en el respeto a las garantías individuales.

Postura de la ONU sobre la prisión preventiva

Volker Turk enfatizó que la prisión preventiva no debe convertirse en una práctica generalizada, sino que debe aplicarse únicamente tras exámenes individualizados que consideren la proporcionalidad del caso. "La prisión preventiva automática contraviene principios esenciales de Derechos Humanos", declaró, alertando sobre los riesgos de violar derechos fundamentales en nombre de la seguridad pública.

Preocupaciones sobre el impacto de la reforma

Organismos internacionales y defensores de derechos humanos han advertido que la ampliación de esta medida podría exacerbar problemas como el hacinamiento en las cárceles y la vulneración de los derechos de personas que aún no han sido declaradas culpables. Turk hizo un llamado a las autoridades mexicanas para garantizar que la reforma no sea utilizada de manera arbitraria.

Debate en la sociedad mexicana

La reforma ha generado un intenso debate en México, con voces a favor que argumentan que es necesaria para frenar la impunidad, mientras que críticos insisten en que prioriza la detención sobre la presunción de inocencia. Expertos legales han señalado que la medida podría enfrentar desafíos ante cortes internacionales por posibles violaciones a tratados de derechos humanos.

Llamado a reconsiderar la reforma

El Alto Comisionado instó a las autoridades mexicanas a replantear esta política, adoptando un enfoque más equilibrado que respete tanto los derechos de los acusados como la necesidad de justicia y seguridad en el país. "Es fundamental garantizar que las medidas para combatir la delincuencia no comprometan los estándares de Derechos Humanos", concluyó Turk.